La empresa Iecsa recibió un contrato millonario destinados a la ampliación de dos usinas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Se trata de las centrales térmicas de Ensenada y Brigadier López, para cuya ampliación la empresa estatal ENARSA otorgó dos nuevos contratos por casi $ 4.000 millones.
La empresa Iecsa– la ex constructora del grupo Macri que controla Angelo Calcaterra– recibió en los últimos días un contrato multimillonario. Es por $ 4.000 millones y para dos usinas que ya deberían funcionar.
Pese a que lleva casi seis meses de atraso en la construcción de las centrales térmicas Ensenada y Brigadier López, la empresa estatal ENARSA decidió otorgarle a un consorcio liderado por Iecsa dos nuevos contratos por casi $ 4.000 millones destinados a la ampliación de dichas usinas.
La instalación de las centrales en juego –se encuentran localizadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe– había sido adjudicada en 2008 por un monto cercano a los $ 3.100 millones.
Los contratos suscriptos hace más de tres años contemplaban la provisión, montaje y puesta en marcha de dos centrales de “ciclo abierto”.
En el caso de Ensenada, la potencia inicial está fijada en 560 MW, mientras que para la usina de Brigadier López la capacidad de generación prevista es de 280 MW.
Ambas centrales iban a entrar en servicio a mediados de 2011, pero por diversos motivos económicos y conflictos sindicales las obras se retrasaron más de la cuenta.
Según el cronograma que manejan los técnicos del ministerio de Planificación, la usina bonaerense podría estar parcialmente habilitada a mediados de enero, mientras que por el lado de la central santafesina habría que esperar hasta abril o mayo próximos para poder verla en funcionamiento.
Las obras complementarias que abarcan un gasoducto de casi 10 km., un oleoducto de 15 km. y la adecuación del puerto platense para el desembarco de combustibles, arrancaron más tarde de lo previsto y no estarán concluidas al mismo tiempo que la central.
Eso obligará a tener que utilizar a unos 130 camiones diarios para poder trasladar los 3,5 millones de litros de gasoil que requiere la usina.
Además de los serios trastornos en el tránsito que provocará en las zonas aledañas, la masiva movilización de camiones enfrenta otro problema: no está contemplada en la autorización medioambiental de la obra, con lo cual la provincia debería emitir un permiso especial para el traslado del combustible.
Otro inconveniente adicional es que el Gobierno no tiene quién se haga cargo de la operación técnica de las centrales.
Las obras se firmaron bajo la modalidad “llave en mano” porque ENARSA iba a contratar a un operador específico. Pero, los tres concursos que hizo para seleccionar a los operadores se declararon desiertos. En un caso por la falta de interesados. Y los otros dos, por los escasos antecedentes que habían presentado los postulantes.
Pese a que aún las usinas no han entrado en servicio comercial y a los inconvenientes que se avecinan, el Gobierno igual decidió avanzar con la adjudicación de las obras de ampliación al consorcio liderado por Iecsa.
En Ensenada, por la conversión de la central de “ciclo abierto” a “ciclo combinado” con el agregado de 280 MW, el Estado desembolsará unos $ 2.417 millones.
En tanto, por el cierre del “ciclo combinado” de Brigadier López que agregará unos 140 MW adicionales de potencia, el contrato prevé un monto total de $ 1.529 millones.
En ambos casos, el plazo previsto para la ejecución de la obra será de 30 meses, el mismo que se fijó para la construcción de la primera etapa de las centrales y que no pudo cumplirse.
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