Las declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Ing. Carlos Wagner, diciendo que esperan que el PBI nacional crezca entre un dos y un tres por ciento a raíz del impacto del plan para la construcción de viviendas anunciadas por el Gobierno Nacional dan cuenta del primer objetivo perseguido.
El Ejecutivo pone el impulso a la economía mediante aportes del Estado nuevamente en el centro de la escena. En un momento en que la desaceleración de la actividad parece poner dudas acerca de la confiabilidad del modelo, esta estrategia de corte “keynesiana” aparece entonces como una solución a medida.
Aunque, por supuesto (y ya se escuchan voces por doquier señalando las posibles causas de un fracaso del plan y las nefastas consecuencias de su implementación) hay muchas variables que observar. El análisis nos lleva por varios caminos con muchas preguntas en el aire.
¿Puede dispararse aún más la inflación en el contexto de una economía que ya cuenta con un nivel de aumento de precios lo suficientemente acelerada si el Estado nuevamente inyecta dinero circulante?
¿Podrán las empresas cumplir con lo que el mercado les demandará en materiales e insumos, con un programa de sustitución de importaciones que obligará a ingentes inversiones y a contratación de una mano de obra calificada ya escasa?
¿Las empresas líderes, liberadas de la competencia externa y con una demanda en aumento, sostendrán los precios en niveles razonables?
¿Es sostenible financiar a tasa real negativa estos créditos a tan largo plazo con fondos destinados al pago de futuras jubilaciones?
¿Se podrían haber explorado otros sistemas mixtos de financiación? ¿Por qué los bancos nuevamente se hacen los distraídos?
Algunas respuestas se verificarán con el tiempo, otras preguntas quizás sean sólo retórica. Sin embargo, y a pesar de éstas y muchas otras cuestiones a resolver y verificar, hay otro objetivo tan o más auspicioso que genera gran esperanza y expectativa.
Y es comenzar a saldar la deuda histórica del déficit de viviendas. Es que más allá de los objetivos macroeconómicos de la medida, la necesidad de un inmenso sector de la población que no tiene acceso a algo tan elemental como la vivienda, debe ser tomada en cuenta como una política de Estado ineludible.
El déficit en el país, según la CAC y la AEV, es de 3 millones de viviendas. Es decir que 12 millones de personas aproximadamente viven en casas no aptas o alquilan. Y esto es un problema social lo suficientemente amplio como para no hacerse el distraído. En todo caso, el anuncio suena a poco dada la magnitud del problema.
Si bien, como planteó el Viceministro Axel Kicillof, se construyeron en estos diez años casi un millón de viviendas “sociales”, sólo alcanzó para no agravar el problema y reparar los problemas más urgentes de los más desprotegidos.
Pero, el problema siguió ahí. Por eso, ofrecer alternativas reales a un universo de trabajadores que quieren, pero que hasta hoy no pueden, pagar por su casa propia es algo digno de aplaudir.
Sergio Lanzafame
